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Empresas españolas se blindan ante futuras expropiaciones de bienes de EE UU en Cuba

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Ignacio Aparicio comenta el impacto del desbloqueo de la Ley Helms Burton en un reportaje que publica Cinco Días

Cinco Días | El socio de Andersen Tax & Legal y director del Cuban Desk de la firma, Ignacio Aparicio, colabora en un reportaje que publica el diario Cinco Días en el que se exponen las precauciones que las empresas españolas con inversiones en Cuba están adoptando para un nuevo escenario económico en el archipiélago después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, haya optado por endurecer el embargo cubano y haya abierto la puerta a que particulares y empresas de EEUU cuyos bienes fueron confiscados con la llegada del Gobierno de Castro puedan reclamar una indemnización por ello.

Esa posibilidad está contemplada en el capítulo III de la Ley Helms-Burton, que regula el embargo hacia Cuba desde 1996 y que se ha mantenido suspendido con prórrogas sucesivas de seis meses desde esa fecha. 2019 ha supuesto un giro radical. La penúltima prórroga fue solo de 45 días y la última es menor aún, de tan solo 30 días y vence el 17 de abril.

Con esta última prórroga, se activó la posibilidad de reclamar bienes confiscados por el Gobierno de Castro. Desde el pasado 17 de marzo lo pueden hacer particulares y empresas, siempre que se cumplan dos requisitos: que el afectado hubiera registrado previamente su demanda contra un activo que consideraba suyo y que la empresa o Administración contra la que dirige la demanda figure en una lista de "personas restringidas cubanas". En ese registro figuran 205 entidades.

Diversas compañías ya han contratado los servicios de varios despachos de abogados para preparar su defensa, especialmente si se activa un segundo escenario a partir del próximo 17 de abril. Desde esa fecha, particulares y empresas podrían demandar la recuperación de los bienes confiscados, siempre y cuando el Ejecutivo de EE UU active el capítulo III. Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y director del Cuban Desk del despacho, recalca que existen cerca de 6.000 reclamaciones certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del Gobierno, por importe estimado de 9.000 millones de dólares (7.959 millones de euros), pero calcula que el importe global es muy superior.

Puede leer la el reportaje completo en Cinco Días.

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