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Las hoteleras se preparan ante demandas por expropiaciones de bienes en Cuba

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Ignacio Aparicio comenta el impacto del desbloqueo de la Ley Helms Burton en un reportaje que publica Cinco Días. El jueves se abre el plazo en EE UU para reclamar bienes confiscados por el castrismo. Meliá e Iberostar son las cadenas más afectadas

Los inversores en Cuba se preparan para defenderse ante el alud de demandas que presentarán particulares y empresas de EE UU por los bienes expropiados por el castrismo. El Ejecutivo de Donald Trump ha pasado de la amenaza a los hechos y anunció que a partir del 2 de mayo se activará el título III de la ley Helms- Burton, suspendido desde la entrada en vigor de la norma en 1996, que abre la puerta para la presentación de demandas.

España es uno de los países más afectados, por la elevada presencia de la industria hotelera en el archipiélago (gestiona 35.000 habitaciones, en torno al 52% de la planta hotelera). Las empresas más afectadas son Meliá e Iberostar, con 32 y 21 establecimientos en el archipiélago, respectivamente.

Ante el anuncio de la Administración Trump, la compañía dirigida por Gabriel Escarrer emitió un comunicado hace unos días recalcando que era mero gestor hotelero y no propietario de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación. “Meliá continúa operando con plena normalidad en Cuba, no representando el anuncio ninguna alteración sustancial de nuestra actividad”, recalcaba el anuncio.

La realidad, tal y como desvelan algunos despachos de abogados consultados por CincoDías, es que existe mucha preocupación entre los inversores españoles por lo impredecible del nuevo escenario. “Aunque la propiedad de los terrenos le corresponde a la empresa mixta cubana, la obtención de un canon en el caso de un hotel es una prueba de que se está traficando con el bien, tal y como está recogido en la ley Helms-Burton”, recalca Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y director del Cuban Desk del despacho.

Por ello, las empresas ultiman su defensa ante la ofensiva legal que se les avecina. De hecho, el Ejecutivo de EE UU ya abrió una primera oportunidad para reclamar el 17 de marzo, siempre y cuando se cumplieran dos requisitos: que el afectado hubiera registrado previamente su demanda contra un activo que consideraba suyo y que la empresa o Administración demandada figure en una lista de activos de “entidades restringidas cubanas”. 

Pero el grueso de demandas se empezará a presentar desde el 2 de mayo. En la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del Gobierno estadounidense, hay registradas (entre 1964 y 1972) en torno a 6.000 reclamaciones certificadas por un importe estimado de 8.000 millones de euros, pero se calcula que el importe global es muy superior. A esa primera cifra habría que añadir todas las reclamaciones no certificadas, que procederán de aquellos cubanos exiliados a EE UU y que podrían disparar la cifra de indemnizaciones hasta el entorno de los 27.000 millones. “La batalla legal en el caso de las no certificadas será muy laboriosa, ya que tendrán que probar la propiedad, la línea sucesoria y el valor del activo”, dice Aparicio.

Puede leer el reportaje completo en Cinco Días

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