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Las nuevas tecnologías necesitan una regulación que permita el equilibrio entre conectividad y privacidad

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El usuario está dispuesto a ceder parte de su privacidad a cambio de servicios que le aporten valor añadido. Hay un tsunami de innovación que está cambiando las tendencias del sector inmobiliario y la única forma de adaptarse es colaborando con plataformas tecnológicas y startups que aporten innovación e inmediatez

Las nuevas tecnologías avanzan a una gran velocidad y es muy complicado que la legislación pueda ir en paralelo, sin embargo, la regulación supone un pilar fundamental para lograr un equilibrio entre conectividad y privacidad de los usuarios.

Así se puso de manifiesto en la primera edición del Andersen Digital Summit que, Andersen Tax & Legal celebró este jueves en su oficina de Madrid y en el que se abordaron los nuevos retos en la digitalización y privacidad en el sector inmobiliario que plantea el Proptech, con la participación de Esther García, Responsable de Regulatorio y Compliance de Spotahome, Tomás Sánchez, Director Residential Intelligence España de CBRE, Alejandra Gregorio, del departamento Legal de Housers, e Isabel Martínez Moriel, Directora del área de Privacy, IT & Digital Business de Andersen Tax & Legal.

Durante la jornada, se expuso que la aplicación disruptiva de las nuevas tecnologías en el sector inmobiliario que supone el Proptech, está provocando una transformación sin precedentes en los modelos de negocio existentes hasta ahora y en la aportación de valor a las soluciones ofrecidas a clientes, inversores y propietarios.

Martínez Moriel recordó que la inversión en Proptech está creciendo de manera exponencial en los últimos años y, que la UE prevé regular las particularidades del sector con la dificultad que supone ir a la par de los avances disruptivos que se producen continuamente en el mismo. En este punto, recordó que el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) se aprobó tras cuatro años de negociaciones y, pese a ir a un ritmo mucho más lento que la propia tecnología, ha permitido a los operadores europeos jugar con ventaja gracias al estándar de calidad creado como consecuencia de dicha regulación comunitaria.

En esta línea, Esther García indicó que ha habido un giro en torno a la privacidad con la implementación del RGPD y sostuvo que “la nueva regulación de la tecnología supone un nuevo reto para los operadores”. Según explicó, el Proptech surge para evitar la burocracia que tradicionalmente identifica al sector y que la normativa es necesaria para limitar el uso de la tecnología y el tratamiento masivo de datos personales, de forma que proteja los derechos de los usuarios y al mismo tiempo proporcione un servicio de mayor calidad.

Tomás Sánchez se refirió también a los límites en el uso de la tecnología y, a su juicio, a los usuarios les asusta exponer gran parte de su privacidad a los operadores, pero la clave está en recibir servicios que le aportan valor añadido. De esta forma, las personas únicamente cederán parte de su privacidad  en aquellos casos, en que el servicio que se ofrece a cambio lo justifique. En este punto, aseveró que, además de las tecnologías que puedan suponer una intromisión en la privacidad, hay que prestar especial atención a la ciberseguridad, puesto que todos los agentes y operadores están expuestos, desde una persona individual hasta una empresa o las administraciones públicas.

Para el responsable de Residential Intelligence España de CBRE “la tecnología ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación”, a lo que añadió que “hay un tsunami de innovación que está cambiando las tendencias del sector inmobiliario y la única forma de adaptarse es colaborando con plataformas tecnológicas y startups que aporten innovación e inmediatez”.

Por su parte, Alejandra Gregorio insistió en que la “colaboración del sector inmobiliario con empresas de tecnología es necesaria” y que el Proptech no es algo pasajero, sino que va a más como se refleja en las principales empresas de Reino Unido, y dado el interés mostrado por parte de las instituciones comunitarias, que ya están implementado medidas para la adaptación de la regulación del sector.

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