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La imparcialidad de los jueces a debate

La emisión en directo de determinados juicios penales: un fenómeno que imita el modelo americano y está cobrando auténtico protagonismo en los hogares de los ciudadanos

De un tiempo a esta parte estamos asistiendo al florecimiento de un fenómeno que, imitando el modelo americano, está cobrando auténtico protagonismo en los hogares de los ciudadanos: la emisión en directo de determinados juicios penales.

Los entresijos del proceso penal están siendo descubiertos por los legos en derecho a la par que se refuerza, más si cabe, el derecho fundamental que nuestro art. 24.2 de la CE reconoce, el derecho a un proceso público con todas las garantías.

La actuación del órgano judicial en la moderación del debate que se entabla durante las sesiones del juicio oral está siendo observada por profanos y especialistas en derecho, cargando sobre sus hombros la consagración de la imparcialidad del Juzgador como garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho.

No resulta baladí destacar la fina línea que separa la correcta dirección del plenario con la ilegítima intromisión en el mismo, tomando o aparentando tomar partido por una determinada posición. La ardua tarea que tendrá el órgano judicial será la de, manteniendo una actitud neutral que no pasiva, garantizar la equidad o “fair play” entre las partes y, durante los interrogatorios, evitar las preguntas que estas puedan formular y que sean consideradas “capciosas, sugestivas e impertinentes”.

En estricto cumplimiento de la legalidad, el órgano judicial deberá también delimitar el marco en el que podrá desarrollarse el interrogatorio de los testigos pues, si bien la praxis generalizada ha llevado a que el testigo que depone en el plenario pueda ser preguntado por los hechos objeto del acto de juicio por cualquier de las partes, sea la proponente o no de dicha prueba testifical, lo cierto es que el art. 708 párrafo primero de la LECrim. diferencia claramente entre las preguntas que puede efectuar la parte que ha propuesto al testigo de aquellas que pueden realizarle las partes que no lo han propuesto.

De este modo, la parte que ha propuesto a un testigo “podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente” siendo admitidas por el órgano judicial si pasan el filtro de la pertinencia, mientras que el resto de las partes “podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes a la vista de sus contestaciones”, es decir, si bien pueden preguntarle, sus preguntas serán, en puridad, repreguntas de lo que previamente hubiere contestado, no pudiendo desbordar el marco del interrogatorio que la parte que ha propuesto a dicho testigo hubiere fijado previamente.

La literalidad del precepto y su aplicación en la actualidad por parte del Alto Tribunal augura que los distintos operadores jurídicos nos replanteemos las fórmulas empleadas hasta ahora en la forma de proponer la prueba que, con carácter general, realizamos en los escritos de Conclusiones Provisionales.

Si bien ya se está consolidando el rechazo a las cláusulas de adhesión general a las pruebas propuestas por las otras partes, esta delimitación del debate contradictorio, a buen seguro hará que reevaluemos cuál es la mejor estrategia procesal en la medida en que el derecho de defensa de nuestro cliente podría verse ciertamente mermado si no podemos preguntar sobre hechos objeto del proceso que pueden ser de nuestro interés pero sobre los que no ha sido preguntado por la parte que lo ha propuesto.

En definitiva, cuando volvamos a escuchar “el examen de los testigos de la parte que lo ha propuesto es quien determina el alcance del interrogatorio de las otras partes” ya sabremos cómo protestar, si es que así procede.

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