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Nueva regulación europea en materia de regímenes económicos matrimoniales

El Reglamento supondrá la culminación de un largo camino iniciado en 1999 y facilitará la cooperación reforzada en el ámbito de los regímenes económicos de las parejas internacionales

El próximo día 29 de enero de 2019 entrará en vigor el Reglamento 2016/1103, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en materia de regímenes económicos matrimoniales, aplicable únicamente a los hechos que tengan lugar a partir de dicha fecha, es decir, sin carácter retroactivo.

Por el momento, ha sido aprobado por 18 Estados de la Unión Europea.

El Reglamento supondrá la culminación de un largo camino iniciado en 1999 y facilitará la cooperación reforzada en el ámbito de los regímenes económicos de las parejas internacionales.

No obstante, una lectura detallada de los Considerandos del mismo plantea una serie de dudas sobre la aplicación y encaje de sus normas en los distintos ordenamientos jurídicos de los países signatarios.

En primer lugar, el Considerando 17 no define el concepto de Matrimonio, definición que compete al Derecho nacional de los Estados miembros. Al dejar al arbitrio de la Ley Nacional de cada Estado los requisitos para contraer matrimonio pueden surgir discrepancias sobre tales requisitos. Por ejemplo, un país signatario podría permitir el matrimonio de un padre adoptivo y su hija, o de menores de edad o emancipados, como se permitía en España hasta el año 2015 mediante dispensa del Juez a partir de los 14 años, o bien otro podría permitir el matrimonio concertado, polígamo, etc. De igual modo, otro problema surgiría en el caso del artículo 1328 CC que establece los límites para la validez de las capitulaciones matrimoniales: ¿y si un Estado miembro permitiera disposiciones vejatorias para uno de los cónyuges o limitativas de sus derechos?, una vez más chocarían con el Orden Público interno de nuestro país por lo que el conflicto estaría asegurado.

En segundo lugar, se plantea un problema muy interesante sobre los Derechos Reales derivados del Régimen Económico matrimonial. Establece el Considerando 25 que se debe prever la adaptación de ese derecho real desconocido al derecho equivalente más cercano del Derecho nacional de ese Estado miembro. No deja de ser un deseo, pero examinando nuestro artículo 96 del CC, relativo a la atribución del uso de la vivienda a un cónyuge en situación de crisis matrimonial, se ha discutido desde hace tiempo si es o no un auténtico derecho real la atribución del disfrute de la que fue domicilio familiar. La Dirección General de los Registros y del Notariado y el Tribunal Supremo han confirmado que no es un auténtico derecho real sino una atribución de los tribunales fundado en un precepto legal y en el interés más necesitado de protección del cónyuge al que se le atribuye la vivienda. Cómo encajar este derecho en otros ordenamientos va a ser muy complicado, por no decir imposible, y su adaptación al derecho real o figura jurídica más cercana del Estado miembro donde deba aplicarse no será fácil y sin duda generará múltiples problemas.

En tercer lugar, se destaca el importante papel de los notarios en la aplicación del Reglamento, al igual que sucediera en el Reglamento Sucesorio Europeo de 2012. Es coherente con nuestro ordenamiento interno en donde la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 ha atribuido competencias a los Notarios que antes correspondían a los Jueces.

Finalmente, destacamos el Considerando 48 sobre la validez formal de las capitulaciones matrimoniales. El Reglamento dice que “deben definirse normas sobre la validez formal”. Pero no nos dice cómo hacerlo en caso de discrepancias entre distintos países. En nuestro Derecho las capitulaciones matrimoniales son uno de los supuestos en donde se requiere para su validez y existencia la escritura pública ante notario, artículo 1327 CC, junto con la hipoteca (artículo 1875 CC) y la donación de bienes inmuebles (artículo 633 CC). ¿Serían válidas las capitulaciones de otro país realizas en documento privado y que contuvieran estipulaciones contrarias al Orden Público español?.

Éstas y otras cuestiones son la que irán surgiendo a partir del mes de enero del año 2019 y a las que deberemos estar atentos para analizar su evolución y desarrollo.

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