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Los retos urbanísticos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (gobierne quien gobierne)

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Antonio Ñudi analiza los próximos proyectos urbanísticos que supondrán un impulso en la actividad económica de la Región de Madrid en un artículo que publica El Independiente

Estamos a unos días de que se conozcan los nuevos equipos de gobierno de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, y sobre la mesa de los futuros gobernantes se agolpan ya una serie de proyectos urbanísticos a los que se deberá dar una respuesta.

Estos nuevos proyectos no sólo supondrán un impulso en la actividad económica de la Región de Madrid, sino que deberán contribuir a la solución de algunos problemas, tales como la falta de vivienda accesible para jóvenes, la movilidad, la creación nuevos equipamientos públicos y, cómo no, la calidad ambiental.

Durante la anterior legislatura, el proyecto más emblemático de la ciudad que ha visto la luz ha sido la operación Mahou-Calderón. Un proyecto de gran magnitud en la ciudad consolidada que prevé la construcción de 1.300 viviendas y el cubrimiento de la M-30 en la parte de Madrid-Río pendiente de colmatar. El proyecto ha finalizado su fase de planificación y se encuentra en su fase de gestión y ejecución.

Sin embargo, otros muchos no han podido ser iniciados o se han quedado en una fase intermedia de su tramitación, lo que genera una gran incertidumbre en torno a su viabilidad futura.

Madrid Nuevo Norte, el eterno plan de desarrollo del norte de la ciudad, se ha quedado en la fase de aprobación inicial de Modificación del PGOU y a punto de una aprobación provisional que estaba prevista en la legislatura acabada. Las magnitudes del proyecto hablan por sí solas: 10.500 viviendas de las cuales un 20% serían protegidas y más de 1.400.000 de metros cuadrados de edificabilidad para usos de actividades comerciales y oficinas.

Los Desarrollos del Sureste, con capacidad para desarrollar 116.000 viviendas, cuyo Plan Director aprobado por el ayuntamiento en enero de 2018 con el objeto de redefinir el proyecto, fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; el Sureste debe ser impulsados de manera urgente, pues ahí podrá ponerse de manifiesto, de manera contundente, la implantación de políticas de vivienda pública por la gran cantidad de suelo de titularidad municipal.

Proyectos como las Cocheras de Metro Cuatro Caminos, cuyo Plan Parcial se encuentra aprobado inicialmente: lo tienen en mente los 444 cooperativistas; o la Modificación Puntual de la Antigua Fábrica Clesa, también con aprobación inicial. Ambos proyectos deben ser también resueltos.

Otro de los proyectos que debería ser abordado es la llamada Operación Campamento. Más allá de las diferentes opciones para la regulación de la A-5, mediante la implantación de semáforos para reducir la velocidad, como ahora sucede, o la construcción de un subterráneo de varios kilómetros (como han prometido Ciudadanos o PP), debería abordarse este proyecto en todos su órdenes y no sólo en la solución del tráfico: también en su planificación urbanística, si bien ello exige acuerdos entre las tres Administraciones, de manera similar a lo que sucede con Madrid Nuevo Norte.

Desde el punto de vista normativo, las nuevas realidades sociales demandan inexcusablemente regulaciones que aporten seguridad jurídica pero que, a la vez, tengan la suficiente flexibilidad para adaptarse rápidamente a los cambios

Las Administraciones, de manera coordinada, deben ser lo suficientemente imaginativas y activas en adaptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las obsoletas normas urbanísticas a las nuevas realidades sociales, sorteando las excesivas rigideces del ordenamiento. Fórmulas como el Coliving, solución habitacional para aquellos jóvenes que ya no son estudiantes y buscan algo más que una vivienda compartida, con zonas comunes de ocio y trabajo; el Cohousing, propuesta de compartir espacios comunes para colectivos con necesidades similares: o el Coworking,espacios de trabajo compartido que permiten, con un menor coste, contar con excelentes instalaciones a pleno rendimiento para desarrollar novedosos proyectos de futuro, deben encontrar un acomodo en la norma.

El fenómeno de los apartamentos turísticos es otro ejemplo de estas realidades. En la última legislatura El denominado Plan Especial de Regulación del Uso de Servicios Terciarios en la clase de hospedaje, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, a través de su competencia en régimen de licencias de actividad, ha optado por una regulación restrictiva limitando la implantación de la actividad de apartamentos turísticos en varias áreas de la capital y en edificios de uso residencial.  Esta normativa local no resulta, a veces, fácilmente compatible con la también reciente modificación del Decreto 79/2014, de 10 de julio, de la Comunidad de Madrid, competente en materia de turismo, que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico.

Por último, una de las importantes tareas que nuestros gobernantes no han sido capaces de acometer en la última legislatura por falta de acuerdos es la reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que, tras 18 años de vigencia, se muestra agotada e insuficiente para resolver los nuevos desafíos a los que se enfrentan muchos de estos proyectos.

Estamos en momentos en los que más que nunca es necesario pactar para gobernar, pero ello no debería ser un impedimento para ser eficaces en la gestión.

Puede ver el artículo en El Independiente.

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