Meliá es una de las empresas españolas golpeadas por la Ley Helms-Burton con el veto a su CEO, Gabriel Escarrer, pero podría no ser la única. La ley fue promulgada por Bill Clinton en marzo de 1996, pero su título III, que permite demandar a las empresas que presuntamente se han beneficiado de las propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder, permanecía suspendido hasta mayo de 2019, cuando el Ejecutivo de Trump decidió activarlo.

Fue entonces cuando algunas de las reclamaciones que se habían presentado ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (FCSC, por sus siglas en inglés) comenzaron a llegar a los tribunales norteamericanos, provocando un aluvión de demandas -o avisos de posibles demandas- contra empresas, muchas de ellas europeas y españolas. 

Por otro lado, el título IV de la citada ley permite expulsar del país o prohibir la entrada a los representantes extranjeros de empresas que "hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes" en el país caribeño. Este sí ha estado activo durante todos estos años, pero no se había utilizado hasta ahora con Meliá, como avanzó Vozpópuli hace unos días, siendo en abril de 2019 cuando el Gobierno de Trump anunció que se darían pasos claros para su implementación. 

La cuestión es, entonces, quién puede ser susceptible de este veto. Según indica Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y responsable del Cuban desk de la firma, no es necesario que las empresas hayan sido demandadas en los tribunales norteamericanos. Basta con que exista una reclamación para que EEUU pueda aplicarla. 

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