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Las empresas tienen la responsabilidad de informar a las autoridades sobre los ciberdelitos que amenazan su reputación para combatir el fraude en internet

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El 61,5% del total de investigaciones judiciales o del Ministerio Fiscal incoadas durante 2018 por delitos cometidos a través de las TIC corresponden a estafas y/o defraudación

Phishing, ataques ransomware, fraudes a través de publicidad, fraudes informáticos o estafas de inversiones son algunos tipos de delitos informáticos a los que están expuestos a diario los comercios electrónicos, los servicios que se prestan en el mercado digital, así como los propios ciudadanos por el mal uso de las nuevas tecnologías y la desinformación.

Durante 2018 por la Unidad Especializada contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado se registraron 9.058 investigaciones judiciales o del Ministerio Fiscal iniciadas por ciberdelitos de las cuales el 61,5% correspondió a estafas cometidas a través de las TIC, un 50% más respecto al año 2017.

Así se puso de manifiesto en una jornada que organizó Andersen Tax & Legal sobre Fraude en internet: claves para combatirlo y en la que contó con la participación de Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática, junto a Vicente Moret, Of Counsel del área de Ciberseguridad de Andersen Tax & Legal y Letrado de Cortes Generales.

Durante el evento, Elvira Tejada dio a conocer las principales amenazas y cómo se están combatiendo, tanto desde las instituciones como desde las propias empresas, estos delitos relacionados con el fraude en la red. Tejada advirtió que el perfil de los criminales está cambiando, se han “profesionalizado” y son expertos en las tecnologías, convirtiéndose la red en un espacio idóneo para lucrarse ilícitamente a través del engaño.

En cuanto a las víctimas, la fiscal explicó que es necesario que se lleven a cabo campañas de información sobre los peligros a los que están expuestos los ciudadanos en la red, así como campañas de concienciación para denunciar ante los organismos policiales cualquier tipo de fraude del que han sido víctimas los ciudadanos, las empresas o incluso o las instituciones.

En este sentido, Elvira Tejada explicó que, en un número importante de ocasiones, las empresas no denuncian los ataques informáticos por “temor reputacional”. La fiscal subrayó también la conveniencia de analizar conjuntamente los datos contenidos en las distintas denuncias presentadas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por hechos relacionados con una misma actividad criminal, a fin de obtener vías de investigación adecuada. Esto –dijo- resulta especialmente útil en aquellos casos en los que el examen aislado de cada una de ellas pudiera llevar a la errónea consideración de que no es factible la determinación del autor ya sea por razones técnicas o porque su escasa cuantía no permite utilizar medidas de investigación que afecten a derechos fundamentales o, en su caso mecanismos de cooperación internacional. En este punto destacó el esfuerzo que se está desarrollando desde la Red de Fiscales especialistas contra la criminalidad informática, con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, la fiscal puso como referencia la Convención de Budapest impulsada por el Consejo de Europa, que está abierta a terceros y firmada por 64 países, entre ellos, además de los países europeos, EE UU, Japón, Australia, Canadá y explicó que dado que las actividades delictivas se cometen a través de la red trascienden las fronteras de los Estados y es por tanto esencial articular herramientas trasnacionales que permitan acceder a esa información respetando la soberanía de los Estados y los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.

Para que esto sea eficaz, Tejada subrayó la necesidad de articular soluciones legales en base a tres parámetros: mediante una evolución legislativa que dé respuestas a las nuevas situaciones vinculadas al uso del ciberespacio, una evolución que esté armonizada con la de otros Estados y de acuerdo con los criterios establecidos por organismos internacionales, y una legislación que respete los derechos y libertades de los ciudadanos y a los principios informadores del Estado de Derecho.

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