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El urbanismo madrileño, asignatura pendiente

| Noticias | Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente

Carlos Peña analiza para el diario Expansión la situación del urbanismo en la Comunidad de Madrid

Tras los períodos electorales y con los gobiernos estatal, autonómico y local en fase de formación, es el momento de analizar el resultado de las pasadas legislaturas en relación a la actividad urbanística en la región de Madrid.

Desde el punto de vista legislativo, comienza a ser francamente preocupante que la Comunidad de Madrid sea de las pocas autonomías cuya ley de Urbanismo, que data de 2001, no se ha adaptado al texto refundido de la Ley del Suelo estatal, ni tampoco a la Ley estatal de Evaluación Ambiental. El Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo, que se presentó a la Asamblea en 2017, no se ha podido aprobar por las discrepancias entre los distintos partidos políticos y las múltiples enmiendas al mismo.

Su consecuencia: dificultades, retrasos e inseguridad jurídica en la tramitación de cualquier instrumento de planeamiento en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y la correlativa escasez y encarecimiento del suelo y de la vivienda.

Otro de los problemas del urbanismo madrileño es la histórica inexistencia de instrumentos de ordenación territorial que contemplen y ordenen la ciudad de Madrid y de su zona metropolitana (corona de municipios adyacentes) como una única realidad que necesita de una planificación conjunta o, como mínimo, coordinada. Con estos mimbres, son los tribunales los que deciden sobre el urbanismo madrileño, convirtiendo en algo habitual (judicialización y anulación del planeamiento) lo que debería ser una patología aislada. Dado que la nulidad declarada por un tribunal, aunque sea por motivos formales, afecta a la totalidad del plan –al considerarse una norma jurídica–, que desaparece y debe volver a tramitarse y a aprobarse nuevamente, lo que puede llevar años. Para modular los efectos de las nulidades de los planes, el Gobierno del Partido Popular preparó a comienzos de 2018 un proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística, proyecto que también ha quedado estancado tras el cambio de gobierno en junio de 2018. Veremos que ocurre cuando se forme el nuevo Ejecutivo.

El último ejemplo de ello lo tenemos en la sentencia 30/2019 del pasado 18 de enero dictada por el TSJ de Madrid que anula el Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste, y su “aviso a navegantes” para que, por parte del Ayuntamiento de Madrid, se proceda, de una vez por todas, a la revisión del PGOU que data de 1997.

Dicha sentencia y fundamentación, aunque formalmente sólo se ha anulado el Plan Director de la Nueva Estrategia del Sureste, hieren de muerte las posteriores modificaciones puntuales del PGOU que el Ayuntamiento de Madrid inició a finales de 2018 (Avances de Modificación del Plan General en Valdecarros, Los Cerros, y Ensanche de San Fernando).

Deberes inexcusables

Por tanto, uno de los inexcusables objetivos urbanísticos de los nuevos gobernantes de la ciudad de Madrid debe ser impulsar decididamente un nuevo PGOU de Madrid o, al menos, una revisión parcial del mismo que analice y actualice en su conjunto la planificación urbanística de la ciudad para responder a los nuevos retos y oportunidades tanto en la ciudad consolidada (actuaciones de reforma y renovación como las que están actualmente en marcha: Operación Mahou-Calderón, fábrica de Clesa, Madrid Nuevo Norte o las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos), actualizando su catálogo de edificios protegidos y de sus normas urbanísticas, como en los suelos urbanizables pendientes o susceptibles de desarrollo (Estrategia del Sureste, Operación Campamento, entorno del Aeropuerto de Barajas, etc.).

La comunidad autónoma que más contribuye al PIB, así como la capital de España, no pueden ni deben permitirse seguir estando a la cola en cuanto a legislación urbanística y planificación de sus ciudades. Los nuevos gobernantes madrileños tienen el ineludible deber, al margen de discrepancias políticas, de impulsar la aprobación de una legislación urbanística moderna y adaptada a la normativa estatal y europea de suelo y medio ambiente, así como de acometer una mínima estrategia o coordinación territorial supramunicipal y la revisión general de los planeamientos urbanísticos municipales que hayan quedado desfasados.

Puede ver el artículo en Expansión.

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